En el año 2021, 7.270 personas perdieron su vida a causa de siniestros viales en Colombia, sumando 59.084 muertes entre 2011 y 2021 según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV). Además del impacto en salud pública, también es considerable el impacto económico que deja la siniestralidad vial para el país con pérdidas de $23,9 billones de pesos, lo que equivale al 3,6% del PIB, según el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
Mediante el proyecto Seguridad Vial Vehicular para Colombia, financiado por el Global Road Safety Partnership (GRSP), buscamos evaluar el panorama nacional y los impactos en seguridad vial de la implementación de estándares internacionales de seguridad en los vehículos, con el fin de promover la adopción de las normas de seguridad vehicular recomendadas por las Naciones Unidas.
¿Cómo llevamos a cabo este proyecto?
Tuvimos en cuenta cuatro grandes objetivos que involucraron la investigación, la creación de una coalición de organizaciones, la implementación de una estrategia de comunicación y la aplicación de acciones de abogacía:
Para lograr el objetivo 1, ‘definir una línea base para la regulación de estándares y seguridad vial de vehículos para una campaña de incidencia’, a través de un mapeo de actores identificamos las organizaciones y entidades clave que influyen en el desarrollo de políticas públicas, para crear lazos y trabajar en conjunto con el fin de fortalecer los estándares de seguridad de los vehículos. Para identificar la relación e influencia de estas partes interesadas realizamos un análisis con un software llamado MACTOR.
En el objetivo 2, ‘establecer un grupo central de organizaciones e individuos para trabajar juntos y abogar por estándares de seguridad vehicular más estrictos’, nació una coalición base, que estuvo a cargo de apoyar los anuncios públicos, debates técnicos, talleres, foros, actividades y campañas de concienciación para difundir al público en general. Así mismo, invitamos a otros actores nacionales e internacionales a formar parte de una coalición expandida, para involucrarlos lideramos varios talleres para generar capacidades y hacer énfasis en la importancia de la actualización de leyes de seguridad vehicular.
En cuanto al objetivo 3, ‘fortalecer la conciencia pública y el apoyo a las normas de seguridad de los vehículos’ durante las distintas etapas del proyecto, generamos acciones de comunicación que ayudaron a generar conciencia pública sobre la importancia de los estándares de seguridad de los vehículos. A través de estas acciones ganamos presencia en los medios locales y nacionales de impresión, de transmisión y electrónicos. Generamos contenido de comunicación digital y publicaciones que compartimos a través de nuestras redes sociales, por ejemplo, publicamos un documento digital dando respuesta a preguntas y mitos comunes sobre la seguridad vial vehicular, también hicimos la producción de videos (video explicativo en plastilina). Otras acciones incluyeron la aplicación de un taller de formación de periodistas para brindar información técnica y respaldar contenidos de publicaciones gratuitas de prensa (free press), y la publicación de una petición en la plataforma Change.org para exigir al gobierno que avance en la reglamentación de la seguridad vehicular.
Para alcanzar el objetivo 4, ‘crear comunicación directa con los formuladores de políticas para generar apoyo político para lograr estándares de seguridad vehicular más estrictos’, durante todo el proyecto creamos puentes de comunicación con congresistas y actores clave del gobierno para promover una nueva regulación en Colombia. Además, logramos identificar aquellos actores con capacidad e interés de brindar mayor apoyo y soporte a la normatividad relacionada con la seguridad vehicular. También realizamos talleres para fortalecer el conocimiento de funcionarios gubernamentales y asesores legislativos sobre estándares vehiculares, y desarrollamos un análisis jurídico de los decretos 2150/95 y 1595/15 relacionados con las normas de seguridad vehicular con el apoyo de la organización Hablemos de Movilidad.
¿Qué logramos con este proyecto y qué nos falta?
El año pasado concluyó el primer decenio de acción para la seguridad vial y Colombia no logró alcanzar las metas de reducción de muertes y lesionados como se esperaba, en cambio las cifras cada día siguen en aumento y las normas no se actualizan con la urgencia necesaria.
En noticias más positivas, a principios de 2022 se radicó un proyecto de ley para la adhesión de Colombia al acuerdo de 1958 de las Naciones Unidas sobre vehículos seguros. Este proyecto de ley fue aprobado en diciembre de 2022, sancionado como ley en febrero de este año (Ley 2290 de 2023) y está en proceso de reglamentación. Una vez inicie su implementación, nuestro país tendrá la oportunidad de contar con vehículos con mejores estándares que eventualmente pueden ayudar a mejorar la seguridad vehicular en el país. El acompañamiento de la sociedad civil al proceso de reglamentación e implementación es de gran relevancia.
Así mismo, es fundamental seguir promoviendo la discusión sobre seguridad vehicular, para que las personas puedan tener información de calidad sobre la seguridad de los vehículos que adquieren y puedan tomar decisiones de compra que garanticen su bienestar. Mientras el gobierno actualiza las normas y exige que la industria implemente los cambios necesarios para que movilizarse por las vías del país no implique el riesgo de perder la vida.
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