Ciudadanos y grupos de la sociedad civil protestando los cierres del agua en Detroit (texto de Philip Verma)
La sostenibilidad es una palabra de moda en los círculos contemporáneos de política urbana, pero el deseo de rehacer ciudades puede implicar unas prácticas de planificación autoritarias en las que las necesidades de la comunidad se subyugan a los deseos de los promotores inmobiliarios. Esta confrontación del llamado desarrollo sostenible y los derechos comunitarios se presenta actualmente en Detroit, USA, una ciudad que a veces se considera una «pizarra en blanco» para proyectos innovadores de sostenibilidad urbana. Desde marzo de este año, la ciudad de Detroit ha desconectado el agua a más de 15.000 residentes. El Departamento de Agua y Alcantarillado de Detroit (DWSD) afirma que estos cortes son una medida necesaria para hacer cumplir el pago de cuentas morosas. Este argumento es una farsa, parte de un patrón más amplio de la privatización y gentrificación de Detroit, como han señalado muchos activistas de la comunidad. Por otra parte, se debe cuestionar qué tipo de sostenibilidad exige el desplazamiento de masas y la suspensión de los derechos democráticos de antemano. Los cierres no tienen nada que ver con la sostenibilidad económica ni medioambiental sino que son una manera de deshacerse de los residentes de largo plazo—predominantemente pobres y afroamericanos—para que la nueva ola más blanca y rica pueda disfrutar de una ciudad más limpia, verde y fluida.
Es importante pensar en el proceso histórico en Detroit como una desinversión urbana en lugar de en una decaída, la cual implica una práctica deliberada en vez de una casualidad natural. En los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, las familias blancas de clase media comenzaron a salir de los centros urbanos para los suburbios, facilitadas por préstamos hipotecarios baratos y racialmente exclusivos, proporcionados por el gobierno nacional y la creación del Sistema Interestatal de Carreteras en 1956. Detroit, el centro de la industria automotriz de EEUU, se convirtió entonces en una ciudad extendida de alrededor de 1,8 millones de personas y muchos más que vivían en los suburbios más ricos. La Detroit postindustrial refleja este paradigma de planificación miope; su población se redujo a alrededor de 700.000 habitantes, tiene poco transporte público (un sistema de 35 buses locales sobre 370 km2), y la principal estación de ferrocarril se cerró en 1988. La extensión excesiva de los servicios públicos ha llevado a los planificadores a proponer la reducción de la ciudad en varios centros poblados más pequeños y convertir un tercio del suelo en parques, jardines comunitarios y vías verdes. Sin duda, es una idea innovadora para una ciudad enorme, pero el «encogimiento» de Detroit no es un proceso expedito; implicaría el desplazamiento masivo de comunidades con consecuencias imprevisibles para los residentes actuales.
A pesar de ser el ícono continuo del declive industrial, recientemente Detroit se ha puesto de moda tanto entre los capitalistas de riesgo como entre los agricultores urbanos, una oportunidad para invertir de forma económica en «la próxima novedad.» En una conferencia de tecnología, llevada a cabo en esta ciudad en junio de 2014, el Brookings Institution declaró a parte de la ciudad como un «distrito de innovación,» que se transformaría a través del transporte público, los institutos de investigación, las nuevas empresas tecnológicas, y los pequeños cafés y librerías. También se ha comenzado la construcción de una línea de tren ligero que conectará el centro de la ciudad con el barrio New Center, dos áreas de rápido desarrollo. El interés reciente en Detroit acompaña patrones de gentrificación al nivel nacional, como demuestra la subida de los alquileres en Nueva York, San Francisco y Washington, DC. Por fin los núcleos urbanos están recibiendo las inversiones necesarias en infraestructura y embellecimiento (como parques, carriles para bicicletas, transporte mejorado, saneamiento), en el momento preciso en que los residentes de largo plazo se ven obligados a salir. La pregunta por tanto es: Si Detroit será reconstruido para ser más viable económicamente y ambientalmente sostenible ¿a quienes servirá esta revitalización?
La gentrificación en Detroit es aún más siniestra. Es la última ciudad en caer presa de lo que Naomi Klein llama el capitalismo del desastre, en el cual los gobiernos renuncian a sus responsabilidades en zonas de desastre económico o ambiental en favor de los contratistas, especuladores y proveedores privados de servicios humanos. Por ejemplo, después de la respuesta terrible del gobierno nacional al huracán Katrina en agosto de 2005, los contratistas privados intervinieron para proveer servicios de socorro, seguidos de cerca por una multitud de cabilderos y consultores conservadores para reorganizar y privatizar los sistemas públicos de viviendas, transporte, salud y educación en Nueva Orleans. Debido a los valores de propiedad históricamente bajos en Detroit, hoy proliferan la especulación y el acaparamiento de tierras; el capitalista de riesgo Dan Gilbert recientemente compró 836.000 de metros cuadrados de terreno en el centro de la ciudad por tan sólo $86 el metro cuadrado. Además, algunos servicios esenciales, como la iluminación y la seguridad, ahora son provistos por los propietarios de negocios y los contratistas privados en vez del gobierno. Todo esto nos lleva a la cuestión que nos ocupa: el agua. 
Detroit se ubica en los Lagos Grandes, que contienen 20% del agua dulce en el mundo
La ONU considera el agua como un derecho humano, un recurso necesario para la realización de otros derechos fundamentales, y por tanto ha criticado los cortes en Detroit. Aquí en Colombia en 2012, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro estableció un mínimo vital para el agua potable para los sectores más pobres de la población, permitiendo que alrededor de 3 millones de ciudadanos tengan acceso al agua potable sin importar su capacidad de pago. Es importante destacar que Detroit, una de las ciudades más pobres de los EE.UU., ha visto duplicar sus tarifas de agua y alcantarillado en la última década. Además, los activistas de la comunidad han señalado que las verdaderas raíces de los problemas financieros del DWSD son sus bonos municipales depredadores de UBS (una empresa cuyos ejecutivos fueron condenados por fraude de bonos) y que las cuentas vencidas son realmente un chivo expiatorio. Limitar las tarifas de agua con base en los ingresos y establecer un mínimo vital aumentaría el acceso de ciudadanos de bajos recursos y crearía un plan más sostenible a largo plazo.
Esta cuestión de los derechos a los recursos se vincula a un tema más amplio de la participación democrática en la planificación urbana y del transporte. En 2006, el Michigan Welfare Rights Initiative (MRWO) propuso un plan integral creado por la comunidad para la asequibilidad del agua en Detroit que habría ayudado a 40% de los residentes de bajos ingresos a pagar sus facturas de agua constantemente mediante la vinculación de tarifas con ingresos y habría financiado el DWSD a perpetuidad. El plan, basado en planes exitosos de otras ciudades, fue aprobado por el Consejo de la ciudad, pero rechazado por el Departamento, que implementó una medida provisional que ayudó a muy pocas personas y no cerró la brecha presupuestaria. Más preocupante fue el hecho de que, en marzo de 2013, el gobernador conservador de Michigan nombró a Kevyn Orr como director administrativo de la ciudad para hacer frente a la crisis en Detroit. Orr se declaró rápidamente en quiebra, lo que permitió a la ciudad a incumplir de los compromisos de pensiones y comenzar a vender sus activos: sus servicios públicos, sus propiedades frente al mar, incluso su colección de arte reconocida mundialmente. Notablemente, Orr nunca fue elegido, entonces para los 700.000 habitantes de Detroit—de los cuales el 83% son afroamericanos y el 42% viven por debajo de la línea de pobreza—su derecho a la ciudad había sido suspendido.
Las comunidades de color y de bajos recursos sufren las consecuencias de los cambios de planificación urbana en los Estados Unidos, desde la expansión suburbana y la “huida blanca” en los años 50 hasta el desarrollo verde y compacto y la gentrificación de hoy. El desarrollo respetuoso del medio ambiente sin protecciones para los barrios o comunidades existentes (para alquileres, servicios y valores de la propiedad, para las pequeñas empresas, los centros comunitarios y los espacios públicos) no es sostenible; es un desplazamiento pintado de verde. ¿Cuál es el objetivo del desarrollo urbano sostenible, si no el facilitar el acceso a la alimentación saludable, la atención sanitaria adecuada, la educación de calidad, el transporte seguro y la vivienda estable a los más marginados de la ciudad? Las comunidades de Detroit tienen derecho al agua y a su ciudad. Sobre todo, tienen el derecho a planificar democráticamente un futuro urbano en el que sus necesidades sean lo primero.
Mirar Detroit Water Shutoffs (un corto documental) para más información sobre este tema
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