La electrificación del transporte no puede ser un lujo reservado para los sistemas masivos formales o para los vehículos privados de alta gama. En Colombia, millones de personas se desplazan a diario en servicios que operan en los márgenes de la regulación (como bicitaxis, mototaxis y colectivos), los cuales responden a fallas estructurales de cobertura en la periferia urbana. Comprender cómo descarbonizar este ecosistema, respetando las dinámicas socioeconómicas de quienes dependen de él para su sustento y su movilidad cotidiana, es el propósito central del estudio de línea de base sobre el transporte popular y su transición hacia la electromovilidad desarrollado por Despacio con el apoyo del Shared-Use Mobility Center.

Para esto, Despacio desarrolló tres actividades principales:

1. Revisión y síntesis bibliográfica: análisis profundo de la literatura académica, informes técnicos y marcos regulatorios sobre el transporte popular y la electromovilidad en Colombia.
2. Levantamiento cualitativo y entrevistas a actores clave: realización de entrevistas semiestructuradas a expertos del sector e investigadores en múltiples ciudades del país.
3. Mapeo de actores y análisis de barreras y oportunidades: caracterización de las dinámicas de operación, tipologías vehiculares y condiciones socioeconómicas para proponer recomendaciones de política pública alineadas con el enfoque de transición justa.

Más allá de la informalidad: un sistema de movilidad paralelo e imprescindible

En el debate público sobre el transporte urbano, suele etiquetarse al transporte popular como un «problema» o una «falla del sistema». Sin embargo, la evidencia demuestra que estos servicios constituyen una red paralela articulada, capaz de atender demandas donde el transporte formal no logra llegar o resulta inaccesible.

Según uno de los entrevistados, en ciudades como Cali, el transporte popular moviliza a cerca de 500.000 usuarios al día —alrededor del 70 % del mercado diario de transporte—, cifra que casi duplica la demanda atendida por el sistema masivo MIO. En Medellín, los servicios semiformales de minibuses alcanzan una cobertura espacial del 98,9 % de la población a menos de 500 metros de distancia, superando de manera drástica el alcance del metro o de las rutas de buses tradicionales.

Estas cifras ponen de manifiesto que el transporte popular no es un simple fenómeno transitorio, sino un elemento estructurante de la economía popular urbana. Para miles de hogares de bajos ingresos y de zonas periféricas, representa la única alternativa real para acceder a oportunidades de empleo, salud y educación.

Electrificación a dos velocidades: el impulso en vehículos pequeños

Al analizar los patrones de adopción tecnológica, el estudio identificó que la transición hacia la movilidad eléctrica avanza a ritmos muy desiguales según la tipología del vehículo. Los vehículos livianos de dos y tres ruedas (como bicitaxis adaptados y motocarros) están liderando la electrificación.

Esta adopción acelerada en modos pequeños responde a razones de viabilidad económica directa:

• Costos de capital accesibles: la inversión inicial para electrificar o adquirir un vehículo liviano es significativamente menor en comparación con un bus o microbús.
• Infraestructura de carga sencilla: pueden recargarse mediante conexiones domésticas convencionales o esquemas de intercambio de baterías (battery swapping), sin requerir grandes inversiones en infraestructura.
• Reducción de costos operativos: el ahorro diario en combustible y mantenimiento genera un beneficio económico inmediato para los conductores.

En contraste, la electrificación de los vehículos de mayor capacidad (como camperos, vans y colectivos) se encuentra estancada debido al alto costo de capital, la falta de opciones de financiamiento ajustadas a la economía popular y la incompatibilidad de los tiempos de carga con la lógica operativa de trabajo continuo.

La «ansiedad por la pendiente» y otras barreras estructurales

El paso hacia la electromovilidad en el transporte popular enfrenta barreras complejas que van mucho más allá de la simple adquisición de tecnología. Durante las entrevistas con actores del sector, surgieron desafíos específicos que condicionan la adopción de vehículos eléctricos:

• Ansiedad por la pendiente (slope anxiety): en zonas periféricas caracterizadas por topografías empinadas, los conductores expresan un temor generalizado de que los motores eléctricos carezcan del torque necesario para subir pendientes superiores al 10 % transportando carga completa. Aunque técnicamente los motores eléctricos ofrecen un torque superior, los modelos de baja potencia (menores de 1000 W) no responden a estas exigencias.
• La trampa de la formalización: existe un recelo profundo entre los operadores, quienes perciben que la electrificación impulsada desde el Estado puede ser una «estrategia velada» para imponerles regulación, cargas tributarias o la pérdida de sus medios de vida.
• Pérdida de autonomía en el mantenimiento: la cultura del transporte popular se sostiene sobre la autorreparación en talleres comunitarios. Pasar a sistemas eléctricos cerrados genera el riesgo de crear dependencia tecnológica y desplazar a los mecánicos locales si no existen procesos de capacitación técnica accesibles.
• La lógica de la «guerra del centavo»: el modelo de ingresos basado en el número de pasajeros recogidos al día no permite realizar pausas prolongadas para recargar baterías durante la jornada laboral.

Recomendaciones para una transición justa e inclusiva

Para que la transición energética en el transporte popular sea exitosa y equitativa, es fundamental alejarse de los enfoques puramente punitivos o de prohibición, los cuales han demostrado su ineficacia a lo largo de las últimas décadas. Despacio propone una ruta de acción basada en la evidencia y el diseño institucional amigable:

1. Reconocer y legitimar el papel del transporte popular: avanzar hacia esquemas de corregulación y articulación híbrida que reconozcan su función social como integrador territorial.
2. Priorizar la electrificación en modos de dos y tres ruedas: aprovechar el impulso actual de los vehículos pequeños para consolidar estándares técnicos, esquemas de financiamiento accesibles y sistemas de intercambio de baterías.
3. Desvincular la electrificación de la formalización coercitiva: diseñar incentivos que permitan electrificar la flota sin forzar de forma inmediata esquemas tributarios que expulsen a los pequeños propietarios.
4. Capacitar a la red de talleres locales: fortalecer el conocimiento de los mecánicos comunitarios en reconversión (retrofitting) y mantenimiento seguro de sistemas eléctricos, protegiendo el empleo local.
5. Demostrar beneficios económicos directos: cualquier alternativa de movilidad eléctrica debe traducirse en un beneficio claro e inmediato en el ingreso del conductor para garantizar su adopción voluntaria.

Contribución de autoras

Anabella Rodríguez Ramírez: redacción – borrador original.

Freddie Bossa: revisión y edición.